Individualización de los procesos de evaluación. Utilidad, inconsistencias y retos

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Escuela Normal de Coacalco

Ponencia presentada en el Primer Congreso Internacional de Transformación Educativa

Resumen

A raíz de las políticas educativas que en el mundo se tornan globales, se impulsa la creación de sistemas de evaluación. Así ésta ha pasado de ser un proceso que sólo competía a docentes y alumnos en función de la asignación de calificaciones y la certificación de estudios, a una política amplia, externa, institucionalizada, certificada y consolidada que atraviesa a todas las escuelas en México y cuyo propósito central está orientado al logro de la calidad de la educación.

Actualmente se evalúan a los alumnos desde el nivel básico hasta el superior, a las instituciones, a los programas educativos y a los docentes en aras de hacer del conocimiento público el posicionamiento de estos actores y acceder a mayores niveles de calidad educativa.

Particularmente la evaluación de los docentes, ha estado relacionada con la asignación de recursos económicos diferenciados, que contribuyen al incremento salarial de algunos profesores que acreditan los exámenes y cumplen con la serie de requisitos que sus programas evaluadores les demandan. A raíz de este tipo de políticas surgen algunas inconsistencias, la más importante es que las pruebas de lápiz y papel son contundentes en los resultados para acceder a mejores ingresos salariales, en contraposición de lo que la evaluación como proceso académico implica para el ejercicio docente; además otro riesgo que se corre es que con la reciente reforma constitucional al Artículo Tercero, la permanencia de los maestros de educación básica, quede condicionada de alguna manera también a los resultados de un examen, lo que seguramente favorecerá la reconfiguración de la función que tradicionalmente han tenido los sindicatos como garantes de los derechos laborales.

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Introducción

La calidad ha sido desde el Programa para la Modernización de la Educación, eje de las políticas educativas para todos los niveles escolares en nuestro país. A partir de ese entonces se empezaron a delinear mecanismos para evaluar integralmente a la educación; la calidad de los procesos educativos, las instituciones y los académicos. Mecanismos que se han afianzado y otros más actualmente están en vías de institucionalización, de tal modo que, incluso hay académicos que consideran que la evaluación ha rebasado a la planeación como política central para la educación superior.

“La evaluación como concepto integrante de las políticas públicas, ha estado presente en el contexto educativo mexicano, en los últimos veinte años. El término ha estado vinculado con otro concepto: el de la calidad de la educación” (De la Garza, 2004:807)

Para el nivel superior al igual que para el básico, un propósito fundamental de la evaluación ha sido mejorar la calidad de la educación. En el principal documento rector de la política educativa a mediados de los noventas se inició el establecimiento del vínculo oficial calidad-evaluación. “Un elemento decisivo para elevar la calidad es la evaluación de los distintos aspectos que concurren en la educación” (Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000:140)

Asimismo el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece que la evaluación es una herramienta para mejorar la calidad de la educación y deja asentado el propósito central de fortalecer la evaluación como un instrumento para la rendición de cuentas, que a su vez ofrezca evidencias para sustentar la toma de decisiones para mejorar la calidad de la educación que el país necesita y merece.

Instituciones, proyectos de trabajo, alumnos y maestros de todos los niveles escolares han pasado por filtros evaluadores, para los docentes los estímulos diferenciados han traído entre otras consecuencias beneficios económicos elitistas, segregación gremial, resistencias a su aplicación, individualización de la tarea docente, entre otros, pero a futuro se vislumbran resultados que podrían afectar su posición y seguridad laboral, aspecto que seguramente será motivo de amplio cuestionamiento y debate.

Individualización de los procesos de evaluación

Si bien, desde hace varios lustros, se crearon programas tanto en la educación básica como en la superior para la modernización de espacios, equipamiento o mejora de la infraestructura, a partir de proyectos de trabajo que pasaban por procesos de evaluación como el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES), el Programa Escuelas de Calidad, o el Programa para el Fortalecimiento a la Educación Normal (PROFEN), cobraron relevancia también los programas tendientes a la evaluación individual.

“Hace ya algunos años que el sistema educativo en su conjunto, y como parte de él los profesores e investigadores de las universidades mexicanas, se han visto envueltos en cambios más o menos profundos en los procedimientos de evaluación de su trabajo académico.” (Arriaga, 3003:295)

A partir de la década de los noventa, a instancia del gobierno federal surgen los programas de evaluación del desempeño individual, como una política para equilibrar los salarios contraídos durante la década de los ochentas. Al igual que en educación básica con carrera magisterial, en educación superior se empezaron a tejer las redes burocráticas para otorgar estímulos económicos diferenciados al personal de las instituciones de educación superior del país, con el subyacente propósito de elevar la calidad educativa.

Lo anterior empezó a generar una serie de efectos inmediatos, en primer término se abrió una brecha entre los docentes “premiados” y los que no accedieron a los puntajes mínimos requeridos. El estímulo económico, además de denotar una diferenciación financiera, refirió a un proceso social de privilegio-exclusión que impactó a las instituciones como unidad de maestros o académicos de “diversas categorías” donde la individualidad pasó a primer plano, la institucionalidad y sus procesos académicos a segundo.

La evaluación para acceder a carrera magisterial, se concentró es sus primeras etapas, principalmente en los puntajes obtenidos en el examen diseñado para tal efecto, en ese sentido la evaluación se alejó de la concepción académica a la que se pide se acerquen los maestros durante su ejercicio profesional, es decir, la evaluación entendida como un proceso integral que valora no sólo resultados, sino procesos en relación a conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

Los exámenes, al menos para docentes de educación básica no ha tomado en cuenta la diversidad de las características y contextos de desempeño laboral de los maestros, éstos “se han enfrentado a una decisión vertical y altamente centralizada a nivel nacional” (Aboites, 2012: 96) en ese tenor se encuentra otra contradicción en el sentido amplio de lo que implica a la evaluación, considerada como un proceso que sirve para la mejora de los procesos en su contexto social, económico, político y cultural.

Al concentrarse la evaluación docente para alcanzar estímulos, principalmente en resultados de exámenes, ya sea de los maestros o de los resultados de sus alumnos, como es el caso de ENLACE en educación básica, se devalúa el compromiso académico de la labor con los alumnos, ya que los maestros se preocupan por cubrir los requisitos exigidos y en ejercitar a los niños con exámenes y ejercicios similares a los de ENLACE, que favorecen la memorización y no la valoración del logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias.

En la educación superior, como menciona Aboites (2012) los académicos centraron sus esfuerzos por acumular constancias que aportaran puntos para las evaluaciones, a más constancias mayor calidad. “el volumen de productos comenzó a funcionar como un fetiche que hacía innecesaria cualquier transformación que diera lugar a una mejor manera de hacer las cosas y, menos, generar más calidad en el quehacer institucional” (Aboites, 2012:113)

La institucionalización de la evaluación en aras del logro de la calidad es una realidad en todas las instituciones educativas. A lo largo de todo el país, se han estructurado dependencias administrativas que controlan y legitiman los procesos evaluatorios. Esas instancias administrativas de regulación y vigilancia, poseen muchas veces poder amplio y discrecional para fijar los parámetros de acceso a los programas; además, en su sostenimiento, absorben parte de los recursos financieros que finalmente se tendrían que otorgar a las instituciones o al personal docente y/o académico.

 Los incrementos salariales diferenciados, se justifican hoy plenamente, el alcance de éstos ahora ha pasado a ser responsabilidad individual. El personal académico tiene la “oportunidad” de competir, esforzarse, producir, ser evaluados; bajo mecanismos principalmente cuantitativos, de evaluación verificatoria y de carácter instrumental que le permitirán alcanzar un mejor ingreso y ¿por qué no? prestigio académico.

Sin embargo, la evaluación moderna y la medición “científica” tiene sus bemoles, inconsistencias y contradicciones. De acuerdo a Aboites (2012), esa evaluación ha sido incapaz de generar una dinámica de mejoramiento de la educación y más bien ha contribuido a degradarla.

A pesar de los análisis de los resultados de la aplicación de las pruebas estandarizadas en la educación en nuestro país, se continúan el diseño de políticas que siguen considerando a este tipo de instrumentos como la panacea para algunos procesos, por ejemplo: el examen para ingreso al servicio de plazas docentes y la próxima evaluación obligatoria para la permanencia en el servicio que establece el Artículo Tercero constitucional.

Ante la reforma constitucional, los derechos laborales de los maestros de educación básica estarán en el ojo del huracán. Mientras no se creen y aprueben las leyes reglamentarias al Artículo Tercero, las especulaciones serán profundas, los debates importantes y la voz de los maestros un referente fundamental en esta época en que tal parece que los medios masivos de comunicación y gran parte de la opinión pública han configurado al gremio magisterial como a un enemigo.

El papel de los sindicatos del magisterio como garantes de los derechos laborales se reconfigurarán. También se vislumbra a corto plazo la pérdida de poder de esas instituciones respecto al “control” o “poder” en cuanto al manejo de las plazas, el poder político, laboral y social se verá menguado mostrando el apogeo del estado neoliberal que eclipsa poco a poco al estado de bienestar social de México.

Conclusiones

Las políticas educativas actuales, han otorgado un papel protagónico a las evaluaciones de los actores escolares.

Los mecanismos empleados en la evaluación de los docentes de educación básica y a académicos del nivel superior, se han desvirtuado y no han dado muestras de correlación directa entre el acceso de estímulos y mejora en la calidad de los procesos académicos de los alumnos y las instituciones educativas.

Los sindicatos de maestros al igual que muchos otros en el país, vestirán en poco tiempo un atuendo completamente neoliberal, la dimensión política se impondrá por encima de la dimensión social para los agremiados, la seguridad laboral podrá ser para las próximas generaciones un vago recuerdo del pasado.

Bibliografía

Aboites, Hugo (2012) La medida de una Nación. Los primeros años de evaluación en México, México, UAM Itaca.

Arriaga Álvarez Emilio, G. (2003) “Integración económica y Educación superior en Mexico”. En: Tiempo de educar. Revista interinstitucional de Investigación Educativa. Año 4. 2ª. Época # 8 Jul.-Dic. 2003. México. AUEM, ITT, ISCEEM.

Congreso de la unión. (2012) Constitución Política de los Estadios Unidos Mexicanos. México.

De la Garza Vizcaya E. (2004) “La Evaluación Educativa”. Presentación temática. En: Revista Mexicana de Investigación Educativa. Sección temática Evaluación de la docencia. Vol. IX Núm. 23 2004-4. COMIE, México.

Diario Oficial de la Federación. (2002) Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México.

Poder Ejecutivo Federal. Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000.